NORMA. Por Manuel J. Castillo Rendón

de Manuel J. Castillo Rendón

Norma puede ser nombre femenino, pero también es una escuadra para hacer ajustes, es la manera como se deben hacer las cosas, son los usos o las costumbres, es un mandato, una regla, una disposición jurídica (ley) y, derivado de éstas,  sus reglamentos, como los instrumentos que especifican cómo debe ser la aplicación de la norma (ley).

Pues bien, hace algunos años, tuve la oportunidad de escuchar de un ilustre profesor yucateco, bardo que lo distingue su numen y cuya secretaria, de nombre Norma, fue la inspiración de un estro poético del cual hice mía una parte de éste, y que decía más o menos: “Una norma que no norma, no es una norma normal, para que una norma norme, debe ser una norma y ya”.

Esta parte de la frase la adopté porque, aun sin ser Abogado o Licenciado en Derecho, es más que explicativa por su brillante claridad. A éste lírico concepto, con el tiempo le he agregado otro en términos aritméticos, porque una norma es algo así como el común denominador de un quebrado que nos permite realizar de manera sencilla una operación, independientemente del valor del numerador.

Las normas son algo común en la naturaleza de los seres vivos, pero también en aquellos de la llamada naturaleza muerta porque responden a las normas de la física y de la química. En el sentido humano, desde su primer núcleo, que es el familiar, hay normas para definir qué está bien o es correcto y cómo se debe hacer,  o bien, para sancionar o castigar a quien no lo  haga. Luego tenemos la suma de las familias, que nos da como resultado una comunidad o una tribu y es hasta aquí, cuando las normas pueden ser no escritas y se valoran en función de los usos y costumbres. Cuando el núcleo urbano crece y se convierte en una localidad, poblado, ciudad, municipio, estado y país, los intereses son más variados, por lo que las normas pasan a ser escritas y sancionadas por los representantes de los diferentes grupos sociales a quienes se les encomienda su discusión, redacción, aprobación y puesta en práctica. Finalmente tenemos otro nivel, las normas que son  necesarias entre los estados o países, en donde se manejan otra escala de principios y reglas de operación, con organismos internacionales reguladores y, en un tiempo no muy lejano, existirán las normas o leyes para la(s) Galaxia(s), como ya se plantea en las películas de ciencia ficción.

Pero volvamos a nuestro planeta, país, estado y ciudad. De acuerdo a lo anterior, podemos preguntarnos, nuestras leyes, reglamentos y normas técnicas ¿son normas que norman?, ¿son claras?, ¿son entendibles? De acuerdo al Derecho Positivo Mexicano, nuestras normas provienen (Fuentes del Derecho) de las leyes, los usos y costumbres, la jurisprudencia y la doctrina, por lo que aquellas sí norman, se dicen claras y entendibles. Entonces, ¿cuál es el origen de las discrepancias, desavenencias, enojo, quejas, protestas, entre otras manifestaciones, contra las autoridades, contra aquellos que tienen la encomienda de legislar o aplicar las normas, sean éstas de cualquiera de los tres órdenes de gobierno, o bien de las instituciones y organizaciones religiosas, privadas, profesionales o, sociales?.

Volviendo al espíritu del común denominador, la norma debe servir para resolver problemas, no para crearlos y es por esta última actitud que, desde pequeños, somos inducidos para ver a las normas como un atropello por parte de quien tiene la responsabilidad de aplicarlas, por lo que desde el núcleo familiar, y hacia arriba, el deporte predilecto es violar las normas y si somos descubiertos, negociar las sanciones.

Para quien esto escribe, la primera causa de esta situación es el desconocimiento de las normas por parte del ciudadano común quién, con una ignorancia no justificada, primero ve su interés particular sobre el interés público. Pero también participan activamente un gran número de asalariados públicos. Permítanme un paréntesis adjetivado: un asalariado público es un sujeto que cobra su sueldo cada quince días, sumiso en la práctica del menor esfuerzo, sin importarle el daño que le causa al ciudadano por su incapacidad, negligencia o dolo. En cambio, el servidor público, aunque menos en número pero que también los encontramos en las personas del intendente, administrativo, técnico o profesional que, sin interpretar las normas, sin manipularlas pero conociéndolas, es capaz de proponer escenarios que permiten soluciones prácticas que medien entre el particular y el interés público.

Una segunda causa, es que también existen normas que no están claras o no son específicas, lo que facilita que los asalariados públicos emitan sus respuestas “interpretando” o “suponiendo” lo que no está muy claro o lo que omitió la norma. Si mal no recuerdo, hay un principio jurídico que dice que ante la duda o falta de claridad en una norma, entre el estado y el ciudadano, el beneficio lo tiene éste si no se perjudica a un tercero; entre dos ciudadanos, la solución está en mediar y que no se  perjudique a nadie. Sin embargo, los hechos nos indican otra cosa muy distinta, quienes aplican las normas prefieren que éstas tengan “dientes”, porque les gusta esgrimir “el no se puede”, disfrutan el insano placer que les da el “complejo del águila” o, “el síndrome del tabique, éste último, porque los ubica sobre un ladrillo a 0.07m sobre el nivel de piso, que es la superficie del infeliz mortal ciudadano.

La tercera causa, es que estamos sobre-legislados, tenemos normas para todo y si no las hay, se inventan como resultado de una crisis obsesiva para crearnos una identidad legislativa, para hacer más complicado todo, para poner “más dientes” al quehacer cotidiano, aunque el resultado es que encontremos incongruencias entre las normas. ¿Sería posible que pudieran existir legisladores que en vez de proponer nuevas normas, se interesaran en depurar y eliminar las incoherencias en las ya existentes?, ¿podrán hacerlas regresar a ser verdaderamente congruentes?  Dice la cultura popular que en la sencillez está reflejada la inteligencia.

La cuarta causa tiene que ver con la concurrencia. Nuestro sistema legislativo plantea tres órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal y cada uno de ellos tiene su campo de actuación determinado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ninguno de los tres debe de meterse en el territorio normativo del otro, pero es costumbre invadir las esferas de competencia, una veces por el abuso de poder, por sumisión política o presupuestal, por evadir comodinamente la responsabilidad que se tiene, pero lo más lamentable, por un complejo de inferioridad que llega a la arrogancia. El mecanismo para resolver estas incompetencias se llama Convenios de Colaboración, ¿son malos?, por supuesto que no,  si éstos son honestos y tienen como fin la colaboración entre las partes. El hecho de defender de manera seria y honesta la competencia de un órgano de gobierno, no quiere decir que promuevo el enfrentamiento entre ellos, es simplemente desear y esperar que cada uno cumpla con sus responsabilidades, respondiéndole de manera propositiva y eficaz al ciudadano.

Siempre hemos escuchado que hay que promover el desarrollo de nuestro entorno, la pregunta es: ¿es posible con nuestro marco normativo actual? Si es posible, pero hay que depurarlo.

Y qué hay que hacer con nuestro comportamiento como ciudadanos? Pues re-educarnos en el sentido de qué significa ser un verdadero ciudadano; y, en cuanto a quienes tiene la responsabilidad de aplicar las normas? Siempre he dicho que éstos no se hacen en una fábrica, salen de la sociedad civil, así que, si ésta está educada, tendremos a verdaderos servidores públicos quedando desterrados los asalariados públicos.

Será posible? o, es una utopía.

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