de Manuel J. Castillo Rendón

En agosto de 2015, me invitaron a escribir un artículo sobre cómo concebía a la ciudad de Mérida en los próximos 50 años, esto es, en el año 2065.

En un primer momento se agolparon en mi mente los edificios-ciudades flotantes, con vehículos de transporte individual y masivo a velocidades irracionales moviéndose de un lado a otro, en un ambiente tecnológicamente controlado, con espacios diseñados para crear sensaciones artificiales de algo que alguna vez existió. Todo esto encapsulado para evitar el ambiente altamente contaminado de la atmósfera inmediata, de color rojizo-amarillento.

Pero el tema planteado era: urbanísticamente para Mérida ¿cómo la veo dentro de los próximos 50 años?; ¿Por qué 50? La verdad, creo que no hay otra causa más que la mediática, el número suena bien; así que acepté la invitación en la que asumiré el papel de: ¿profeta? ¿pitoniso? ¿agorero? Redacté mi opinión y luego, un impase.

En este caluroso mayo de 2017, me reiteraron la invitación para volver sobre el tema así que, después de revisar el texto original, mantengo el criterio de partir de nuestra realidad, teniendo como referencia la época en que podemos hablar de Mérida como una ciudad moderna que se inicia en los procesos del ordenamiento urbano en el año de 1980, lo que quiere decir que a la fecha han pasado 37 años, elaborándose en dicho período 7 Programas de Ordenamiento Urbano, instrumentos que no han logrado cumplir su principal objetivo: el de contar con una ciudad habitable, comunicada, incluyente, competitiva y sostenible.  En base a lo anterior, podemos marcar un primer horizonte dentro de los próximos 37 años, es decir en el año 2054 y, 11 años después, para llegar al 2065, meta establecida al inicio.

Cuando se aprueba el primer Programa de Desarrollo Urbano para la ciudad de Mérida en el año de 1980, ésta tenía una superficie de 8,600 Has., en donde habitábamos, (o ¿vivíamos?), 380,000 habitantes. Estos datos arrojan una densidad poblacional de 44.18 hab/Ha. (habitantes por hectárea). (Fuente: Versión abreviada del PDDUCM, 1980)

Hoy, los datos que arrojan el último Programa de Ordenamiento Urbano, nos dice que la superficie actual estimada es de 20,788 Has. y la población según el conteo intercensal del INEGI en 2015 éramos 892,363 habitantes. Lo que se traduce en una densidad de 42.92  hab/Ha. (habitantes por hectárea). (Fuente: INEGI – INPLAM). Lo que quiere decir que la densidad se redujo (en uno punto veintiséis habitantes por hectárea) ya que aumentó la superficie ocupada en mayor proporción que la población.

Estos datos también nos indican que del año de 1542 cuando se funda la ciudad y hasta el año 1980, pasaron 438 años creciendo la ciudad en 8,600.00 Has. y, del año de 1980 al año 2017, en solamente 37 años, la superficie urbana aumentó en 12,188 Has., que significa 1.41 veces más que la obtenida durante 438 años.

Pasemos a la parte normativa.

En 1976, cuando el gobierno federal impulsado por la ONU promueve la política nacional para el ordenamiento urbano, solamente dos ciudades del país, Guadalajara y Monterrey ya contaban con sus Planes Reguladores Urbanos (así se llamaban). A partir de entonces, se crean leyes y normas federales y estatales para ordenar el territorio con la intención de que se pudieran canalizar adecuadamente los recursos económicos nacionales e internacionales para impulsar un desarrollo justo.

Es a partir de 1978 cuando a nivel federal se crea la Ley de Desarrollo Urbano que impulsa la creación de los Programas de Desarrollo Urbano en sus diferentes niveles, transformándose luego en la Ley General de Asentamientos Humanos, con una nueva metodología para elaborar los Programas Urbanos, así como las necesarias adecuaciones con otras leyes y reglamentos que tienen relación con los asentamientos humanos y que son concurrentes en la normatividad.

El 28 de noviembre de 2016, se publica en el Diario Oficial de la Federación  la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que abroga a la anterior. Para nuestro caso, en 1978 se promulgó la Ley de Desarrollo Urbano del Estado que fue abrogada el 30 de junio de 1995 por la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán, vigente hasta la fecha.

En las mismas leyes de asentamientos, la General y la Local, se considera la indispensable participación ciudadana en los asuntos urbanos, además de la instalación de los llamados Consejos de Desarrollo Urbano a nivel estatal y municipal. Dichos Consejos están integrados por organismos profesionales, académicos, empresariales y sociales quienes participan y opinan sobre los temas urbanos. En lo personal creo que los Consejos, como órganos de opinión, son termómetros que le indican a la autoridad las posibles reacciones ante una decisión administrativa, pero no todos piensan igual, y para algunas autoridades los Consejos no son bien aceptados, es más, los consideran un incordio, y para cubrir la parte de la “participación democrática ciudadana” han inventado a modo otros organismos de consulta. Si bien la autoridad municipal, dentro de la ley y en su período administrativo, puede crear cuantos organismos se le ocurra, no se vale que desconozcan lo que una norma superior establece y prefieran promover y alentar a sus “abanicadores” de ideas.

Además de los Consejos, la Participación y la Consulta Pública dentro del procedimiento para la aprobación de las políticas y estrategias urbanas de los Programas, la Ley insta a que la ciudadanía pueda hacer propuestas y analizar aquellas que la autoridad plantea. Sin embargo, la realidad es que el ciudadano no participa, no opina, hasta que creé o siente directamente afectados sus intereses y entonces, arma un escándalo en los medios y en la vía pública para presionar a las autoridades, afectando la más de las veces, los derechos de terceros.

Tres puntos importantes a destacar sobre los programas urbanos. El primero tiene que ver con el nivel del Programa, esto es, si es estatal, regional, de zona conurbada, municipal, de centro de población, sectorial o parcial. En los dos últimos Programas de Desarrollo Urbano, el de 2012 y el de 2017, a pesar de que se les hicieron las observaciones del caso, mezclaron los niveles municipal y de centro de población en un solo documento, lo que da como resultado políticas y estrategias urbanas poco claras, carentes de solidez y permitiendo las interpretaciones, a modo según les acomode a sus intereses.

Lo segundo por destacar, es la vigencia del Programa, ya que si no es ley, ni reglamento, es un acto administrativo derivado de un Plan de Desarrollo, que termina en la misma fecha que el período administrativo, sea éste federal, estatal o municipal. Por ello las mismas leyes contemplan la revisión obligada de los Programas cada período, para que éstos sean ratificados, adecuados, o cambiados. Y en este tema, ha habido muchas discusiones, cuya consecuencia es la discrecionalidad en su aplicación.

Lo tercero por mencionar, tiene que ver con la misma naturaleza del Programa, cuyo objetivo es planear para el futuro, es decir, qué queremos para la ciudad del mañana. Ejemplo de esto se presentó en el Programa de Desarrollo Urbano para Mérida de 1980, que proponía un modelo nuevo para consolidar la ciudad, re-densificando, para así evitar un crecimiento expansivo, como finalmente sucedió. Para ello se propuso, establecer el anillo periférico (que no existía) con una franja “verde” (árboles, plantas, cuerpos de agua) al exterior de 500.00m de ancho para funcionar como una vía a nivel regional  y un límite artificial. También se propusieron 4 ó 5 sub-centros urbanos, zonificaciones primarias y secundarias, etapas de crecimiento, así como recomendaciones en los temas de imagen urbana y medio ambiente. A pesar de amplísima consulta pública y de los apoyos federales, lo lamentable es que ni las administraciones públicas subsecuentes, ni a la ciudadanía, le interesó hacerlo suyo, sin pensar en su ciudad, la gran casa para habitar, lo que nos da sentido de pertenencia.

Los programas, a partir de 1993 y hasta los dos últimos han sido correctivos, de hecho no hay planeación, solamente un instrumento para controlar, obstaculizar y en ocasiones negociar inversiones.

Este ha sido el panorama que ha prevalecido o dominado en los primeros 37 años de la planeación urbana (1980-2017).

Me pregunto: ya que somos el mismo pueblo, la misma ciudadanía (¿?), el granero de donde salen los administradores públicos, más su filosofía partidista; casi el mismo clima, porque ya se alteró; ¿seguiremos igual, componiendo, reparando, sin una mejora real en la calidad de la vida urbana para los próximos 48 años?

Si esta es la decisión de quienes habitamos Mérida, a los que se suman los que vienen huyendo de otras ciudades, el futuro será complicado y trágico, estaremos liquidados.

Pero soy optimista, la experiencia personal y la práctica profesional me enseñó que, hasta para lo más sencillo, hay que planear teniendo un camino definido y al menos dos opciones más para poder llegar a nuestro destino.

Estoy consciente de que a algunos les asusta el crecimiento de la ciudad, creo que no hay motivo para tal postura.

Desde los asentamientos primitivos a la fecha, el límite de crecimiento de éstos siempre estará vinculado con la capacidad para proporcionar de manera eficiente todos los servicios públicos y privados, una conectividad y movilidad segura e incluyente, el equipamiento adecuado y la accesibilidad universal, el transporte público y, de manera especial, en la responsabilidad ciudadana para comprometerse a hacer, procurar y cuidar que todo funcione, respetando el entorno que nos cobija y a quienes lo habitan.

No creo en el tan cacareado desarrollo sustentable, pero si comulgo con la necesidad de crear un ambiente y un medio sustentable para así poder lograr el desarrollo, la primera postura solo lleva a un crecimiento, la más de las veces desordenado.

Busquemos y peleemos por el verdadero sentido de la sustentabilidad y la sostenibilidad para lograr el desarrollo, no al revés; tomemos conciencia real de ello y no nos quedemos solamente en el slogan publicitario.

Ha quedado más que demostrado que los criterios urbanos que en 1980 se plantearon dieron resultados aceptables, circuito colonias, el periférico, los sub-centros urbanos de oriente, norte y poniente, (falta el del sur), la imagen urbana en el centro histórico, por mencionar algunos. Pero la magnitud de la ciudad de hoy exige a gritos nuevos criterios que faciliten su funcionamiento, resolviendo los problemas actuales, pero viendo y procurando los recursos públicos necesarios enfocándonos en el futuro.

Si realmente queremos una ciudad de calidad, empecemos por hacer nosotros la calidad, y eso implica, desde diferentes trincheras, pensar en un todo en donde las funciones clásicas de una ciudad se puedan dar: habitar, circular, trabajar, practicar el ocio, disponer de equipamiento, servicios, conservar los entornos patrimoniales, naturales y artificiales y, estar orgullosos del sentido de pertenencia.

Y aquí permítanme insistir en este sentimiento de pertenencia. Parece que ahora, la moda exige que los proyectos estén bautizados empleando calificativos en el lenguaje anglosajón, lo que francamente me parece una ridiculez el renunciar a la belleza de nuestro lenguaje. Lo veo como reflejo de la pobreza creativa que utiliza el recurso del lenguaje (no es el caso de los nombres propios) para darle “valor” a un proyecto que en sí mismo debe de tenerlo, sin sobrenombres extranjeros. Este recurso lingüístico es de un esnobismo barato.

Pero volvamos a lo urbano, la nueva reingeniería debe orientarse a un diseño de la estructura vial, diseño que debe estar en el ámbito municipal, y no en la jurisdicción de la SSP; esta es otra de las costumbres no adecuadas, que en su momento tuvo un sentido práctico. Los diseños de las vialidades son competencia municipal, la seguridad en éstas es competencia de la SSP, y procurar la seguridad nada tiene que ver con el diseño que contempla la jerarquía, funcionalidad, conectividad, movilidad y accesibilidad universal que debe ser responsabilidad municipal. La estructura vial bien diseñada debe ser capaz de soportar y facilitar todas las formas de movilidad posible, de manera segura y fluida; la jerarquía deberá responder a los volúmenes de traslado de los usuarios más que a dimensiones de arroyos; éstos son resultado de los primeros y no al revés. Al día de hoy, es muy obvia la saturación vehicular en la mayoría de las vialidades, no solo en las llamadas horas pico, sino todo el tiempo, por la falta de un sistema que permita una comunicabilidad básica con alternativas efectivas. Una vez definida la estructura vial y el interés público, de manera automática se definirán los usos y destinos del suelo, así como las reservas para el crecimiento. Sin embargo, circunstancias históricas, favorecieron negocios de empresarios inmobiliarios y también de oportunistas y vivales, en la adquisición desmedida de tierra con vocación urbana, tierra que debió ser controlada por el Estado (rectoría) y ahora están regidas por las presiones del mercado, ente que se ha convertido en el gran inductor del crecimiento, más no del desarrollo, pues ha prevalecido el afán mercantilista sobre el bien de la ciudad y sus habitantes.

Esta expansión urbana entre real y ficticia, con nuestro natural comportamiento, nos va a llevar a un déficit en la operación y en la calidad en los servicios públicos básicos, como el agua potable, la energía eléctrica, el transporte público y los equipamientos, sin descartar la seguridad pública, que actualmente ya es un problema en los últimos desarrollos habitacionales de la llamada vivienda social. La expansión urbana también conlleva un déficit muy serio en materia de áreas verdes que mitiguen la temperatura contra las grandes superficies pavimentadas que se generan debido a las vialidades, las superficies cubiertas de vivienda y de los pavimentos en los lotes o en los espacios públicos en estos nuevos desarrollos habitacionales. Una ciudad en la que los servicios públicos sean deficientes y que aparezcan las llamadas “islas de calor”, reconocidas por su elevada temperatura, es una ciudad que fracasó, que deja de ser habitable, agradable y amigable para vivir confortablemente.

En comunidades urbanas pequeñas, las leyes sobran porque todos se cuidan y cuidan su entorno, pero en las grandes comunidades, hay que redefinir leyes, reglamentos y normas técnicas que funcionen como un común denominador, por ello la jurisprudencia urbana es necesaria toda vez de que hay que conciliar y mediar los intereses. Por ello, una reingeniería urbana también implica una revisión muy seria del marco normativo que hasta ahora lo tomamos a la ligera, como simples reglas para ser negociadas, argumentando una supuesta democracia. Aquí también quiero ser muy claro, es democrático “consensuar” las reglas comunes para todos, pero una vez definidas y aprobadas, la democracia es cumplirlas, ya no están sujetas a negociaciones.

En abril de 2017, la autoridad municipal presentó su Programa de Ordenamiento Urbano para el Municipio de Mérida, lamentablemente, y a pesar de las recomendaciones que se hicieron en su momento, dicho documento no cumple con los niveles de planeación que la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán establece, por lo que todo el esfuerzo y tiempo invertido para contar con un instrumento de ordenamiento no llega al objeto de su naturaleza. Reconozco que la información recabada y la participación de los sectores públicos, privados y sociales, aunque limitada, fue superior a los eventos similares anteriores, pero el resultado deja mucho que desear, es inconsistente y de nuevo se abre la brecha de la interpretación, sin resolver los problemas verdaderos como la conectividad, la movilidad, la accesibilidad y los usos del suelo.

Con un confuso nivel de planeación, entre Municipal y Centro de Población, se plantea en el Programa un horizonte hasta el año 2040, esto es, ¿hoy se está decidiendo lo que  deberán hacer en los siguientes 23 años las próximas 7 administraciones municipales? Es decir, ¿el ente urbano concebido y aprobado deberá seguir funcionando con los criterios y las soluciones actuales? Y lo más grave, después de asegurar que se realizó el mejor programa en muchos años, se dice que la estrategia urbana quedó a nivel de zonificación primaria, para quienes no lo entiendan, esto quiere decir: que está a nivel general y superficial. Por lo que conocemos del Programa, éste no puede garantizar una ciudad más humana, o como se dice ahora, sustentable y sostenible, lo que quiere decir que no hay una verdadera visión y planeamiento de lo que queremos para nuestra ciudad y nuestro municipio, por lo que Juan Pueblo tiene en riesgo su patrimonio y el pleno derecho a la ciudad.

Lo que sucede o pasa en la ciudad no es exclusivo o propio del hacer o no hacer de las autoridades municipales, la ciudad es un ente vivo, es el reflejo consciente o inconsciente del quehacer diario ciudadano. Como decía W. Churchill, “…el ciudadano hace a la ciudad y ésta, hace al ciudadano”. En consecuencia, la participación ciudadana, ahora conocida como “Gobernanza” debe de ser con un mayor compromiso, ser los que realmente gobierne y la autoridad municipal administre los bienes públicos. Esta postura de un nuevo ciudadano, implica mucha madurez, ver por el interés general sobre el interés particular.

¿Seremos capaces de hacerlo? o, seguiremos haciendo méritos para alcanzar el desastre.

Finalmente, cómo va a ser la Mérida del año 2065?, te lo dejo a ti, paciente lector, ya que para esas fechas no creo que vaya a estar por acá.

Manuel J. Castillo Rendón.