de José Luis Antonio Sauma Castro
“Todos compartimos un mismo bien público, los espacios públicos de nuestras Ciudades”
Como sociedad, por diferentes circunstancias, hemos ido delegando el destino de nuestras ciudades en las autoridades locales que, con o sin razón, deciden casi unilateralmente lo que es mejor para su desarrollo. Luego estas decisiones se ejecutan y finalmente se cuestionan, proceso que seguramente sería motivo de amplios debates pero que en la percepción es irrefutable.
Lo cierto es que las ciudades son de los profesionistas, amas de casa, empleados, estudiantes, mujeres, hombres, niños, comerciantes, adultos mayores, discapacitados, jóvenes, ¡de todos!, y es que todos compartimos un mismo bien público, los espacios públicos de nuestras ciudades.
Es preciso puntualizar que los espacios públicos no se limitan a parques, canchas, plazas, sino que también lo son cada calle, banqueta, área verde, jardín y lugar en el que pasamos gran parte de nuestro tiempo desplazándonos de un sitio a otro y en todos ellos tenemos igualmente derechos y obligaciones.
Si realizamos este análisis desde una perspectiva cotidiana, hablaríamos entonces de peatones, automovilistas, ciclistas y motociclistas. Esto nos resulta más familiar pues generalmente es en este rol como coincidimos en los espacios públicos, muchas veces sin vernos, cerca físicamente pero distantes en nuestra capacidad de empatía y adoptando incluso conductas que ponen en riesgo nuestra integridad física por incidentes de tránsito cada vez más frecuentes.
Esta condición, afortunadamente, puede revertirse con la participación ciudadana, formando parte de quienes toman las decisiones en la recuperación de nuestros espacios públicos y de la planeación de nuestras Ciudades; los retos van aumentando exponencialmente al igual que la densidad poblacional… por lo que es tiempo de actuar.
Se trata de una preocupación que no es exclusiva de nuestra ciudad o país, es una problemática recurrente en el mundo y es por eso que la Organización de las Naciones Unidas ha puesto en el centro de la discusión la Nueva Agenda Urbana que enfatiza la atención a las ciudades y zonas metropolitanas, preparándolas para enfrentar los retos que se presentan en los ámbitos social, económico y ambiental, como consecuencia de ser polos de atracción en los que se concentra cerca del 80 por ciento de la población mundial.
Es en este contexto que el pasado mes de noviembre se publicó la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, instrumento que sienta las bases para trabajar de manera incluyente, ordenada y sustentable en nuestras ciudades y en la que se hace especial énfasis a la participación de la comunidad. Es una Ley incluyente, que requiere de la participación de toda la sociedad civil, universidades, empresarios, especialistas, autoridades.
Hacer que esto sea posible requiere, en principio, de una eficaz difusión que permita dar a conocer sus alcances, objetivos e importancia y si bien no somos especialistas en Leyes es seguro que todos tenemos una opinión de cómo mejorar nuestras ciudades, lo que por sí mismo logra despertar el interés general de los ciudadanos y motivar su participación.
En este marco, y en alineación con los Objetivos de Desarrollo Sustentable, la ley establece la construcción e implementación de una Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial con una visión a 20 años, que trascienda periodos de gobierno y que sea liderada por la misma Ciudadanía, siendo esta la que determine la agenda de gobierno. Es decir, pasar de espectador a actor con una participación incluyente, amplia y comprometida con el desarrollo de la ciudad.
Con este propósito, la Ley contempla la instalación de Consejos de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en el ámbito federal, estatal y municipal, que estén articulados y cuenten con una clara representación de la sociedad civil, sector privado, universidades y autoridades locales que favorezca una exitosa discusión y análisis de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial, las Normas Oficiales Mexicanas y cambios en las políticas públicas, programas y acciones en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, entre otras.
Es ahora, cuando los esfuerzos se orientan en un mismo sentido y la participación es plural, que como sociedad debemos empoderarnos de nuestros espacios públicos, transformarlos en sitios no solo seguros, habitables, accesibles e incluyentes, sino preparados para, desde ahí, fortalecer la cohesión social, incentivar el sentimiento de pertenencia y construir entre todos ciudades sustentables.